Piratería en la industria de la Refrigeración

La comercialización de productos apócrifos o que no cumplen con las regulaciones de los acuerdos internacionales no es un tema nuevo en la industria; sin embargo, es una práctica que, tras haberse abatido en sus inicios, está recobrando fuerza al encontrarse cada día más cerca la fecha límite para la eliminación de los HCFC de los sectores productivos.

El tráfico ilícito de SAO ha existido desde que entraran en vigor las primeras regulaciones. Tras un breve descenso, el problema resurge en el mundo con la inminente desaparición de los hidroclorofluorocarbonos.

Christopher García.

Pocos aún ignoran que el clima está cambiando y que sus consecuencias son graves sobre el planeta y los seres vivientes. La alerta de los doctores Molina, Rowland y Crutzen acerca de la capacidad de los CFC de destruir las moléculas de ozono estratosférico que protege la vida de la radiación solar ocurrió hace más de 30 años. La firma del Protocolo de Montreal, la cooperación entre naciones y el compromiso de distintas partes han permitido conseguir grandes avances desde entonces en la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) de los procesos productivos.

Las acciones definidas por el Protocolo de Montreal –en vigor desde 1989– han conseguido el remplazo de los CFC por HCFC –considerados como refrigerantes de transición–, aunque el uso de éstos también está llegando a su fin. Según las últimas enmiendas acordadas por las Partes, la eliminación de los HCFC se adelantará 10 años, con lo que deberá cesar su uso para 2030, lo que permitiría que el agujero en la capa de ozono se cerrase para 2050, 20 años antes de lo estimado en un principio. En México, desde enero de 2013, su fabricación y comercialización en todos los sectores industriales está congelada y existen sanciones diversas por su uso.

A la fecha, en el mundo se ha eliminado 98 por ciento de las SAO, según estimaciones, principalmente CFC y HCFC. No obstante, entre las estipulaciones del Protocolo, los países en desarrollo cuentan con más tiempo para llevar a cabo las acciones de mitigación y remplazo establecidas. Este hecho ha desencadenado el contrabando y la comercialización de sustancias ilícitas en prácticamente todos los países del mundo desde la entrada en vigor del Protocolo.

A00015284Antecedentes
En principio, los CFC –primeras SAO eliminadas– fueron las sustancias traficadas. Shamila Nair-Bedouelle, directora del área Ozonaction del Departamento de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNED, por sus siglas en inglés), menciona lo siguiente en el boletín WCO News correspondiente a julio de 2013: “Bajo lo estipulado en este acuerdo [Protocolo de Montreal], los países industrializados y en desarrollo tienen las mismas responsabilidades, aunque con ligeras diferencias; pero lo más importante es que ambos grupos tienen compromisos ineludibles, cuantificables y definidos en el tiempo. Sin embargo, el hecho de que las naciones en desarrollo cuenten con 10 años adicionales para la eliminación de SAO ha dado origen a una consecuencia imprevisible: el comercio ilegal de dichas sustancias, el cual tuvo un auge inicial cuando los contrabandistas aprovecharon que los controles estrictos de consumo y producción en algunos países no aplicaban en otras regiones”.

Este fenómeno se debió a que diversos sistemas que funcionaban a base de CFC seguían en operación, lo cual no estaba prohibido por el Protocolo, pues se habían fabricado antes de la fecha límite. Si bien es cierto que existían en el mercado diversas opciones para el remplazo de dichas sustancias –HCFC, principalmente–, llevarlo a cabo resultaba costoso para los usuarios de los equipos, pero sobre todo más caro que las multas por emplearlos. Nair-Bedouelle comenta al respecto: “Al reconocer que las penalizaciones por utilizar estas sustancias no representaban un verdadero impedimento en la mayoría de los países, no es de sorprender que el tráfico ilegal creciera y que a mediados de la década de 1990 se estimara equivalente a 12 por ciento de la producción global de SAO”.

Cuando se reconoció el problema, las Partes firmantes del Protocolo pusieron en marcha un programa de monitoreo para prevenir el contrabando, mediante capacitación a personal de aduanas, técnicos de servicio y otras personas involucradas en el proceso de evaluación de las sustancias. Con ello, el comercio ilegal de SAO disminuyó considerablemente, así como sus afectaciones en la cadena productiva, la seguridad de los usuarios y la integridad del medio.

El problema persiste
A pesar de que las acciones para combatir el contrabando de CFC resultaron adecuadas, con la utilización de los HCFC como refrigerantes de remplazo y su actual proceso de eliminación, el contrabando se ha trasladado hacia estos productos.

A00015285El ingeniero Yáñez menciona que uno de los principales problemas de este asunto es la seguridad para los técnicos de servicio, pues los productos apócrifos pueden generar fallas inesperadas

Nair-Bedouelle señala lo siguiente: “En 2007, las Partes decidieron acelerar el proceso de eliminación de los HCFC, químicos adoptados como sustitutos de transición para los CFC, de modo que su eliminación ocurriera de forma más acelerada. Debido a que los niveles de producción y consumo en países en desarrollo llegaron a su término en enero de 2013, y a que todos los países deben monitorear y limitar el comercio de HCFC, el mundo se encuentra en una situación similar a la ocurrida cuando se desarrolló el comercio ilegal de CFC”, lo que no excluye a México.

En los países en desarrollo, el consumo de HCFC se incrementó dramáticamente desde 2001, “en parte porque remplazaron a los CFC en algunas aplicaciones, pero también debido al incremento en la demanda de productos hechos con o que contienen HCFC”, explica el documento HFCs: A Critical Link in Protecting Climate and the Ozone Layer, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

La gran cantidad de HCFC utilizada en las industrias mexicanas es uno de los obstáculos por vencer en el proceso de eliminación y también una de las razones del comercio ilícito, sin mencionar el precio, pues, como señala el ingeniero Gildardo Yáñez Angli, consultor Técnico de la Unidad de Protección a la Capa de Ozono de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), “normalmente su precio es hasta 50 por ciento menor que el cotizado por distribuidores oficiales”.

La presencia de estos productos en el país es casi nula, pues las regulaciones son, a partir del compromiso de los entes de Gobierno, las empresas y las asociaciones afines, rigurosas; además del compromiso de toda la cadena productiva. Pero no es posible un control al ciento por ciento, y ahí es donde ha entrado un compromiso de todos los actores de esta cadena de valor. La Secretaría de Medio Ambiente ha sido una de las secretarías más ocupadas en este tema.

Asimismo, en un documento de dicha Secretaría, con fecha 5 y 6 de enero de 2012, que describe las labores efectuadas en un taller para la identificación de refrigerantes apócrifos en aduanas, se menciona que la Semarnat adquirió tanques con fluidos refrigerantes para realizar pruebas con diferentes dispositivos. Los tanques señalaban contener R-134a (un HFC), pero tras la pruebas se encontró que en realidad contenían R-22. En el mismo documento se señala el caso siguiente: “En la aduana de Talismán se trató de introducir un supuesto gas R-404A, pero al indicarle al solicitante los trámites a realizar para la importación, la empresa ya no regresó”.

El ingeniero José Luis Mata, líder del negocio DuPont Químicos y Fluorocarbonos para México, Centroamérica y El Caribe, asegura que con la entrada en vigor de la regulación de los HCFC que incluye a México entre los países que deben suprimir su uso –compromiso asumido por las autoridades nacionales–, “cada vez se vuelve más restrictiva la cantidad de HCFC que se importan en el país. Esto ha incentivado la entrada de material apócrifo o ilegal, que en la gran mayoría de las ocasiones es material de segunda calidad, que entra en el país para combatir un tema de costo. Se está volviendo un tema complicado no sólo por las implicaciones ambientales, sino por las implicaciones de seguridad que esto representa”.

Si bien el clorodifluorometano (R-22) es el principal componente que debe ser eliminado, algunos especialistas en el tema de los refrigerantes mencionan que no es la única sustancia que se ha encontrado circulando en el mercado nacional. “Existen gases que contienen R-12 prohibidos en México; también los hay apócrifos, que no aparecen en el estándar 34 de ASHRAE, como es el caso del 502-A. Muchos de éstos no tienen permiso de entrar al país por incumplir con el Protocolo de Montreal”, detalla Gildardo Yáñez, uno de los más destacados especialistas en el tema.

En cuanto a la magnitud del problema, los actores de la industria mencionan que es difícil saber con plena certeza qué tanto porcentaje de productos con estas características ingresan en el país y se comercializan. No obstante, el problema se encuentra bastante extendido y el escenario apunta a que crezca. “Es sumamente difícil de cuantificar; es más bien lo que identificas en el mercado. No podría mencionar un porcentaje concreto. De lo que sí tenemos consciencia es de que genera una afectación en el mercado, porque, al estar regulados por el protocolo de Montreal, se vuelve un tema de oferta y demanda, mucho más sensible al costo. Aunque no haya cantidades significativas, generan atractivo para los usuarios que están más orientados al costo y que no están sensibilizados o educados necesariamente en materia ambiental y de seguridad”, explica José Luis Mata. Y abunda que el problema aumentará a causa de la rigurosidad de las normativas que han entrado en vigor y las que lleguen a implementarse en el futuro cercano: “El protocolo de Montreal está reduciendo cada vez más las cuotas de R-22, lo que está haciendo que el tráfico ilegal se vuelva un mercado cada vez más atractivo para las empresas que traen material apócrifo o de baja calidad”.

Efectos negativos y riesgos
Los resultados adversos que provoca el uso de estas sustancias son visibles en diferentes escalas. El más importante y que ha dado origen a los acuerdos internacionales es el daño considerable sobre la capa de ozono. Aunque su potencial de agotamiento es bastante menor que el de los CFC, los HCFC han resultado altamente destructivos, de acuerdo con las investigaciones más recientes. El informe “Evaluación de los usos de HCFCs en México en el sector de la refrigeración y aire acondicionado”, publicado por el Centro Mario Molina, sentencia: “Se ha demostrado que los HCFCs también generan efectos negativos sobre la capa de ozono”. Además, profundiza el texto, “Es importante señalar que los HCFCs no sólo afectan la capa de ozono, sino que también tienen un alto potencial de calentamiento global”.

A00015288El papel que desempeñan las aduanas en la detección de refrigerantes apócrifos es primordial

En cuestiones de seguridad, el ingeniero Yáñez señala diferentes aspectos que deben considerarse: “Primero que nada, no existe la certeza de lo que estamos cargando en ellos [los sistemas] y corremos el riesgo de que sea un gas tóxico o inflamable, o incluso una sustancia que no sea refrigerante”.

Por su parte, el ingeniero José Luis Mata advierte: “Que los productos falsificados contengan altos niveles de R-40, como se han encontrado en el mercado, puede ser muy peligroso. Los daños se dan debido a que el R-40, en contacto con el aluminio, reacciona al ser combinado con algunos componentes del sistema, formando trimetilaluminio. Ésta es una sustancia que se enciende espontáneamente al contacto con el aire”.

“En cuanto a los daños que puede provocar el uso frecuente  de estos productos, están el bajo rendimiento en el sistema, la elevación en la presión del sistema, el consumo excesivo de energía, además del riesgo en su manejo”, puntualiza Yáñez.

Por otro lado, Alcides J. Zanon relata en entrevista para la revista brasileña Fic Frio: “En las pruebas realizadas en nuestros laboratorios comprobamos que, generalmente, el aluminio del rotor es el metal más atacado por las reacciones químicas que ocurren en el interior de los compresores con fluidos refrigerantes contaminados”.

Como se observa, los afectados y sus riesgos no son menores ni deben subestimarse. Sin embardo, según expresa el líder de DuPont Químicos y Fluorocarbonos, “El mercado de after market es el que se ve mucho más expuesto. La industria de OEM se encuentra más protegida en términos de regulaciones; pero el after market es el que se ve más afectado por un tema de entendimiento de mercado. Al estar regulados, la disponibilidad de los productos HCFC se ve mucho más afectada y genera un impacto a nivel de costos, que lo vuelve más atractivo a la piratería. Y el costo es importante porque pones en riesgo toda la instalación por un rack, probablemente”.

A00015289Cómo identificar productos apócrifos
A pesar de los diversos esfuerzos para evitar el ingreso de sustancias ilícitas y su comercialización, los productos circulan en el mercado y están a disposición de los técnicos o usuarios de sistemas HVACR. Por este motivo, la identificación de los productos falsificados resulta de utilidad cuando se entra en contacto con alguno y se duda de su autenticidad.

El ingeniero Yáñez menciona algunos de los métodos de identificación. “Hay varias pruebas. Por ejemplo, la de Colores (estandarizado por la pauta N de AHRI), la del tipo de tanque en el que están manufacturados (según la pauta K de AHRI), la de Números (Estándar 34 de ASHRAE), la de identificador (tipo de gas refrigerante registrado en las normas)  y la de la temperatura al punto de ebullición (los refrigerantes normalmente no emiten olor). Ésta última casi no se realiza, pues muchos gases son altamente inflamables”.

La Semarnat, en el documento mencionado más arriba, también señala el análisis de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas para la identificación de sustancias apócrifas en filtros aduanales. Asimismo, se menciona el Identificador de Refrigerantes modelo ULTIMA ID, como herramienta útil para reconocer sustancias contenidas en tanques de importación.

En el caso de empresas productivas del país, el ingeniero Mata señala que DuPont ha establecido algunas estrategias de marca: “Nosotros trabajamos con un programa que asegura al comprador haber adquirido productos de DuPont. Para ello, usamos hologramas de producto, que dan garantía a los clientes y al mercado de que están comprando productos de calidad y originales. La etiqueta de seguridad ofrece verificación visual inmediata en caso de haber comprado un refrigerante genuino de la empresa. Su sistema de seguridad se basa en que los 10 puntos que la constituyen no pueden verse al mismo tiempo. Para asegurarse de que el refrigerante es genuino, se debe inclinar la etiqueta de seguridad para ver un punto en la esquina izquierda, dos a la derecha, tres en la parte superior y cuatro en la inferior. Los puntos deben desaparecer en cada lado de seguridad conforme es inclinada”.

Qué origina esta práctica
En el contexto de este fenómeno, entender las causas que lo originan y lo alientan resulta provechoso para todas las partes involucradas, ya sea en el desarrollo de políticas regulatorias, estrategias de mercado que permitan identificarlos o para prevenir que cobre mayor importancia.

A00015290Diversas investigaciones alrededor del tema del comercio ilegal mencionan que los motivos nunca son iguales y suelen variar según el lugar, los sectores y las temporadas. No obstante, se afirma que toda forma de comercio, con independencia de si es legal o ilegal, surge cuando existe la posibilidad de obtener beneficios de alguna clase. En el caso del ilegal en específico, el motivo principal, según afirman los investigadores, es que los beneficios esperados superan con creces los que se obtendrían si se realizara con apego a las leyes.

Por otro lado, se señala que incluso si las diferencias entre los beneficios que pueden obtenerse por la alternativa legal y por la ilegal no son considerables, la opción del contrabando puede inclinar la balanza, simplemente  debido a que la demanda del producto supera la oferta legal. Este tipo de comercio también surge cuando existe demanda de productos considerados prohibidos y la oferta legal es inexistente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) especifica en el documento titulado Tráfico ilícito de bienes ambientales sensibles que “con frecuencia, el comercio de bienes ambientales sensibles se deriva de los cambios en las prácticas de consumo”, como sucede en el caso de las SAO.

Asimismo, el documento afirma que el tráfico ilícito de dichas sustancias ha ocasionado que la resolución de los significativos problemas ambientales que aquejan al mundo actualmente sea mucho más lenta, desencadenando importantes efectos e implicaciones negativas. Por ejemplo, se detalla, entre otros aspectos, que los impactos ambientales y económicos del tráfico ilegal “pueden resultar suficientemente importantes para desestabilizar ecosistemas y economías enteras, debido a que socavan las actividades ambientalmente sostenibles y reducen las opciones para el uso de recursos para las generaciones venideras”.

El informe del Centro Mario Molina indica que, en el caso de México, la presencia de SAO en el mercado tiene que ver con la demanda del producto y los beneficios secundarios que implica su consumo. Existe “una alta dependencia del mercado mexicano de aire acondicionado y refrigeración sobre el uso del HCFC-22. Al menos en parte, esta situación se explica por los beneficios económicos que los fabricantes del producto reciben por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Este mecanismo cataloga el HFC-23 –subproducto de la elaboración del HCFC-22– como una sustancia con alto potencial de calentamiento global, 11 mil 700 veces superior al del CO2. De manera indirecta, los apoyos del MDL a la eliminación del HFC-23 han fomentado la producción del HCFC-22, limitando con ello la introducción de opciones tecnológicas más eficientes al mercado”, declara el reporte.

Estos datos permiten pensar que, en incontables ocasiones, las diversas regulaciones positivas que se logran implementar a escala nacional,  a pesar de sus resultados benéficos, pueden desencadenar otros efectos inesperados, nocivos sobre lo que se busca proteger y fomentar las prácticas ilegales.

El reporte de la OCDE menciona al respecto: “Las políticas introducidas a escala nacional pueden presentar implicaciones para el comercio ilegal de bienes ambientalmente sensibles. Los efectos de los regímenes regulatorios ambientales de las naciones sobre el comercio ilegal dependen en gran medida de los incentivos para el manejo sostenible (o insostenible) de los recursos o la contaminación generada. Un sistema regulatorio que impone costos sobre aquellos que se benefician de los recursos o emiten sustancias contaminantes generará diferencias de precios, lo que puede originar incentivos por incumplimiento, fomentando el flujo de excedentes hacia el mercado internacional”.

Añade: “En años recientes, se ha observado un interés creciente en emplear incentivos económicos como medio para lograr objetivos ambientales; por ejemplo, para reducir la contaminación, proteger la biodiversidad y los hábitats, y para promover el uso sostenible de recursos. Aunque la evidencia es parcial, existen razones para suponer que el uso de incentivos económicos a escala nacional puede reducir el flujo de comercio ilegal. Por una parte, algunas de las ganancias obtenidas mediante instrumentos económicos (por ejemplo, los impuestos ambientales) pueden utilizarse para reforzar las capacidades regulatorias. Por otra parte, la ‘formalización’ de los derechos de propiedad implícitos en el uso de instrumentos económicos puede ofrecer incentivos para una perspectiva de más largo plazo en el manejo de los recursos e, incluso, puede ofrecer incentivos de autorregulación entre quienes obtienen beneficios por su utilización”.

A pesar de la visión positiva que permea el tema de las normativas y de los incentivos para reducir el comercio ilegal, el reporte de la OCDE advierte que no siempre son la mejor opción. “Sin embargo, el uso de incentivos económicos no es una panacea, y para asegurarse de que su implementación no desencadene el comercio ilegal, se deben tomar en cuenta diversos aspectos. Por ejemplo, los incentivos económicos sólo funcionan en su totalidad respaldados por un buen esquema de gobierno y apego a la legalidad; de otro modo, se corre el riesgo de exacerbar las actividades ilegales al crear nuevos campos de oportunidad o de desplazarlas hacia otras regiones o países. Asimismo, nuevas estructuras de gobierno pueden resultar efectivas. Los incentivos económicos resultarán más eficaces si forman parte de una serie de intervenciones coordinadas. Finalmente, donde el comercio internacional es uno de los principales factores, la coordinación con otros países es un elemento importante para garantizar la eficacia de los incentivos, ya sea para evitar el desplazamiento de las actividades ilegales o para facilitar la creación de nuevos incentivos”.

El documento concluye, como señalamiento general, que toda vez que los países implementen algún tipo de política nacional de carácter ambiental, es imprescindible que se considere el potencial de estos estímulos para fomentar el comercio ilegal, de manera que sea posible analizar sus consecuencias y se aborden de mejor manera las actividades regulatorias y otras medidas de intervención posibles.

“Una manera de lograr combatir el tráfico ilícito es establecer reglamentos de aplicación mucho más estrictos que aseguren que el material esté resguardado”: José Luis Mata

De dónde provienen y qué estrategias de combate existen
La extendida presencia de este tipo de productos en el mercado mexicano hace suponer que los encargados de su fabricación y desarrollo podrían ser locales; sin embargo, los especialistas desmienten esta suposición.

Según explica el ingeniero Gildardo Yáñez: “La producción local sería muy difícil; pero el consumo se da porque llegan al país. El mayor productor en este caso es China, aunque no es el único, y el tráfico se origina principalmente porque hay países en Latinoamérica que permiten la entrada de estos químicos en sus fronteras. Aunque México tiene a sus aduanas regulando esta situación, han podido entrar al mercado nacional”.

A00015286José Luis Mata declara que el problema está estrechamente relacionado con un tema de costo, que se exacerbará conforme los tratados sean más severos
Fotografía: Bruno Martínez

El ingeniero Mata también afirma que la procedencia de estos productos es mayormente asiática y destaca que la labor de las autoridades mexicanas ha permitido que no se fabriquen localmente: “En ese sentido, el gobierno ha hecho un muy buen papel, porque prácticamente hay un solo productor de este tipo de productos a nivel nacional; prácticamente todo se hace de manera importada. Creo que el problema es más un tema de regulación a la hora de importar estos materiales”.

De acuerdo con el consultor Técnico de la Semarnat, de las cadenas de distribuidores legalmente establecidas y con experiencia en México, ninguna ha participado en estas prácticas. “Ningún distribuidor regulado por ANDIRA vende este tipo de productos, y anteriormente era aún más difícil que se hiciera. Pero en la actualidad con la gran oferta de refrigerantes algunas comercializadoras no reguladas pueden venderlos. Esta anomalía se evita principalmente adquiriendo los productos que mantienen el sistema en la misma marca a la que pertenece y en cierta forma mantener una exclusividad”.

El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes para la Industria de la Refrigeración (ANFIR), Julián González, comenta en entrevista que existen diversos asuntos que deben atenderse, “pues hay falta de rigurosidad al momento de aplicar estas regulaciones y muchas personas lo aprovechan. Además, realza la relación entre México y EUA para combatir la entrada de contrabandistas y empresarios que trafican ilegalmente con estas sustancias”.

También declara: “La ANFIR, organismo representativo de la industria de la refrigeración en México, que agrupa a los fabricantes de gases refrigerantes del país que están trabajando en colaboración con las autoridades aduaneras y del medioambiente, supervisa en conjunto con los distribuidores miembros de ANDIRA la entrada en el mercado de cualquier sustancia sospechosa de comercio ilícito para denunciarlo, al tiempo que se proporcionan las pruebas necesarias”.

A00015287Julián González asegura que las labores conjuntas entre diversos actores de la cadena productiva y de gobierno han logrado disminuir el tráfico ilícito de productos
Fotografía: Bruno Martínez

Asegura además que todas estas acciones han logrado detener la entrada de este tipo de materiales al país y que seguirán con esta labor para garantizar la seguridad de los técnicos, usuarios y el compromiso ambiental que han asumido como fabricantes, a la luz de los acuerdos internacionales.

Respecto de las acciones legales que se llevan a cabo cuando estos productos son detectados, el ingeniero Yáñez explica el procedimiento cuando sucede en las fronteras: “Normalmente, se notifica a la marca o al país de donde proviene. En el primer caso, se hace cuando los productos tienen una dudosa procedencia y la marca debe responder por ese producto; en el segundo caso, se hace un llamado al país de donde salió y consecuentemente se decomisa el lote para que no entre al país”.

El líder de DuPont Químicos y Fluorocarbos menciona que un camino viable para contrarrestar esta práctica está vinculado con la aplicación  y el desarrollo de regulaciones más rigurosas. “Tenemos que seguir trabajando de manera importante en la capacitación, transmitir los riesgos que implica para la industria comprar este tipo de materiales –sobre todo por la presencia de hidrocarburos– y las consecuencias que pueden tener. Una manera de lograrlo es mediante el trabajo intenso a mediante la Semarnat para establecer reglamentos de aplicación mucho más estrictos que aseguren que el material esté resguardado y evitar la introducción de materiales regulados por otras fracciones arancelarias, debido al desconocimiento de parte de la aduana”.

El reporte del Centro Mario Molina propone, por su parte, diversas actividades para disminuir la dependencia de los HCFC. En primera instancia, considera importante proponer la revisión de los esquemas de financiamiento para la destrucción del HFC-23 durante la próxima reunión del Protocolo de Kyoto, debido a su influencia en el uso creciente de R-22. “Esta revisión puede considerar el establecimiento de una norma internacional que obligue a los productores de HCFC-22 a la recuperación, almacenaje y destrucción del HFC-23, agregando los costos de estas operaciones al precio de venta del HCFC-22, para que éste tenga un costo real en el mercado internacional”, plantea el documento.

Señala, además, que las opciones disponibles para el remplazo del R-22 han demostrado beneficios tecnológicos. Dichas opciones, según expresa el documento, incrementan la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, debido a que su demanda de energía para operar es menor. “Por tanto –abunda el documento–, se recomienda establecer requerimientos mínimos de eficiencia energética para la operación de equipos de refrigeración y aire acondicionado, emulando aquellos de la norma SEER en EUA”.

Asimismo, el informe propone la siguiente estrategia: “Con base en las distintas alternativas de sustitución de HCFCs que ya existen en el mercado nacional y que existirán en el mediado plazo, México tiene la capacidad de acelerar el desplazamiento de los HCFCs al 2020, a la par de los países desarrollados, estableciendo criterios más estrictos para regular la producción y consumo de estas sustancias. La propuesta implica establecer una norma que obligue a los fabricantes, importadores y distribuidores, tanto de gases como de equipos, a reducir para el 2015 el 40 por ciento, al 2018 el 60 por ciento y, finalmente, para el 2020, el ciento por ciento”, puntualiza.

Como medida final –acaso la que proyecta mejores resultados a largo plazo y de manera definitiva–, el documento recomienda establecer esquemas que reduzcan o eliminen la utilización de refrigerantes, sobre todo en edificaciones y viviendas residenciales. “Lo anterior con el  propósito de que éstas sean sustentables, logrando fomentar el uso de tecnologías, como las bombas de calor geotérmicas y la bioclimatización”.
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La importación y sus huecos en México

Eréndira Reyes

El flujo creciente de productos apócrifos en la industria HVACR está cercanamente relacionado con los productos de importación que ingresan al país. Conocer la metodología y los procesos involucrados en esta actividad puede propiciar el desarrollo de estrategias para detectarlos y, sobre todo, detener el flujo.

En entrevista para Mundo HVAC&R, Marisela Román, directora de Sky Green, relata el proceso y los pasos necesarios para importar mercancías, así como los momentos en los que el producto corre el riesgo de ser falsificado.

Mundo HVAC&R (MH): ¿Cuál es el proceso para importar un producto a México?
Marisela Román (MR): Lo primero que se hace es realizar la compra con el proveedor. En este caso, algunos de los fabricantes te solicitan que muestres el permiso de usar su nombre para poder distribuir su marca, cosa que sólo sucede en una de cada cinco marcas, lo que puede causar una falsificación en los productos desde origen. Después viene la logística del producto, que se realiza de la siguiente manera:

a)  Normalmente, los productos de aire acondicionado provienen de China y llegan a los puertos de  Manzanillo o Lázaro Cárdenas, pero existen modalidades para su entrada al país; por ejemplo, tránsito interno, donde se permite que entre por cualquiera de los puertos y se despachan a una aduana específica, donde un agente aduanal las revisa; existe otra modalidad en la que la aduana permite hacer la revisión desde el lugar de origen y sólo se hace la verificación de los datos recolectados en el país exportador. Este último proceso es poco usual, pues pueden existir errores que al no ser notificados conllevan sanciones

b)  Luego vendrá la revalidación del Bill of Landing por parte de la naviera. Esto significa que el agente aduanal que ha sido asignado ya fue notificado y se han cubierto los gastos administrativos

c)  Después se avisa al almacén fiscal que tendrá resguardada la mercancía, indicando las siguientes especificaciones: origen, descripción del producto, número de productos, tipo y, si es necesario, instructivo y especificaciones técnicas. Este punto es muy importante, pues no deben existir errores en el conteo, ya que puede malinterpretarse como una falta fiscal; además, las especificaciones arrojan los indicadores que definen el producto por su origen (tratados de libre comercio que omiten el pago de algunos productos) y el tipo (calidad y protocolos mundiales) que si no son cumplidos pueden causar una multa ambiental o administrativa

d)  Después de la verificación, se prosigue con el pago del arancel, que es determinado por la clasificación del producto

e)  Se procede a la solicitud de pedimento, donde se arroja la cotización de impuestos, tratados y regulaciones que acompañan al producto importado

Finalmente el producto pasa por una revisión aleatoria, donde se verifica la logística hecha y procede a ser importado.

Es importante resaltar que existen, además de la NOM-003, otras normas, como la NOM-023, que está ligada a la energía que utilizan los productos, o la NOM-0011, que se aplica en equipos más grandes, como los chillers. Además, estas normas se han establecido para procurar el cuidado del consumidor, lo que no significa que pueden ser evadidas, pues existe la posibilidad de omitirlas cuando los productos son adquiridos para ser comercializados con empresas especializadas, lo que restringe la ley sólo a la venta directa al público.

Otro detalle importante que se debe resaltar es el del permiso emitido por las empresas para importar, pues a veces se pueden importar a través de otro distribuidor productos de una marca, sin la autorización directa del fabricante. Y a pesar de que la aduana lo notifica, muchas empresas dejan pasar los productos sin verificar los estándares de calidad que establecen originalmente. Las sanciones por no cumplir con este proceso van desde una multa administrativa, hasta el embargo total del pedido.