¿Puede México cumplir con las metas de desarrollo sostenible?

La Asamblea General de las Naciones Unidas dio a conocer 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible con alcance mundial, que se buscará cumplir para 2030, con el fin de lograr un mundo más sostenible e igualitario. México se encuentra entre los países que han asumido estas metas, pero en la mayoría de ellas la situación, más que subsanarse, se ha agravado en los últimos años

Christopher García

El 5 de septiembre de 2000, los jefes de Estado o Gobierno de los Estados adscritos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunieron en Nueva York y acordaron impulsar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ocho metas que surgieron del reconocimiento de que los distintos países del mundo se encontraban inmersos en un proceso de desarrollo poco equilibrado, en rubros como economía, alimentación, salud, educación y acceso a servicios básicos diversos, entre otros temas.

A casi 15 años del acuerdo, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que se ha avanzado en la consecución de dichas metas; sin embargo, también está consciente de que queda mucho por trabajar, especialmente en la equidad de género, empleo infantil, hambre, pobreza y desarrollo equitativo de las naciones, toda vez que el cambio climático ha exacerbado estas diferencias y vuelto más urgente que se logren los objetivos planteados.

Por ello, el pasado 18 de septiembre, la Asamblea General hizo público el documento que da seguimiento a los resultados de la Cumbre del Milenio. En él, jefes de estado y de gobierno, así como altos representantes de los países miembros, anunciaron 17 nuevos objetivos y 169 nuevas metas como muestra de que están decididos a tomar “las medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia”, toda vez que “miles de millones de nuestros ciudadanos siguen viviendo en la pobreza y privados de una vida digna. Van en aumento las desigualdades, tanto dentro de los países como entre ellos. Existen enormes disparidades en cuanto a las oportunidades, la riqueza y el poder. La desigualdad entre los géneros continúa siendo un reto fundamental. Es sumamente preocupante el desempleo, en particular entre los jóvenes. Los riesgos mundiales para la salud, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales, la escalada de los conflictos, el extremismo violento, el terrorismo y las consiguientes crisis humanitarias y desplazamientos forzados de la población amenazan con anular muchos de los avances en materia de desarrollo logrados durante los últimos decenios”.

Además, el documento ahonda en el tema de los recursos naturales y la evidente degradación del balance planetario para reconocer que:

El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra época y sus efectos adversos menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible. La subida de la temperatura global, la elevación del nivel del mar, la acidificación de los océanos y otros efectos del cambio climático están afectando gravemente a las zonas costeras y los países costeros de baja altitud, incluidos numerosos países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo. Peligra la supervivencia de muchas sociedades y de los sistemas de sostén biológico del planeta”

En este entendido, se buscará estimular durante los próximos 15 años cinco esferas de “importancia crítica”: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, con el fin de erradicar el hambre, la pobreza, las enfermedades, las privaciones, la violencia, el analfabetismo, las violaciones a los derechos humanos y de los niños, la desigualdad de oportunidades, además de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, mediante el uso sostenible de los recursos naturales disponibles.

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Estrategias para alcanzar los objetivos

El documento explica que para fortalecer los métodos de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible se impulsarán seis áreas: la tecnología, la creación de capacidad, el comercio, la coherencia normativa e institucional, las alianzas entre los interesados y la recopilación de datos, la vigilancia y la rendición de cuentas.

En lo que respecta a la tecnología, el documento establece que se buscará mejorar la cooperación regional e internacional “Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a éstas”, así como incrementar el intercambio de conocimientos entre las naciones. Se hace especial énfasis en la promoción de tecnologías verdes, así como en su “transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales”.

Destaca en este tema la creación y puesta en marcha de un banco de tecnología y “la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados”, los cuales comenzarían a operar a más tardar en 2017”.

Asimismo, se buscará incrementar el apoyo internacional para fomentar la “creación de capacidad en los países en desarrollo, a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Sobre el mismo eje, el comercio entre naciones se promoverá a través de un sistema basado en normas, “abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo”. Y para apoyar el crecimiento de las naciones en desarrollo, se buscará incrementar su volumen de exportación, “con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020”, señala el documento, todo esto mediante la “consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la Organización Mundial del Comercio”, se explica.

Un tema que ha sacudido al mundo en fechas recientes, derivado de la participación de cada país en un mercado global, es la estabilidad macroeconómica. Se ha hecho evidente que el vínculo comercial entre naciones facilita la transferencia tecnológica y de conocimiento, pero también ha incrementado la inestabilidad de la economía. En este sentido, una de las acciones por implementar buscará “mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible”, al tiempo que se respete “el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible”.

Por supuesto, el fortalecimiento de las alianzas existentes entre los países miembros deberá ser “complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo”.

De igual manera, dado que el acceso a la información y su disponibilidad oportuna se ha reconocido como una herramienta importante para la toma de decisiones, el documento de la ONU resalta que se buscará, “de aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales”.

Con un margen de 10 años más, se buscará aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan “medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto”.

¿Dónde queda México en este contexto?

Debido a las características de su economía y participación industrial, México es considerado una nación en desarrollo o “menos desarrollada”, según la terminología empleada en el documento, con una renta per cápita de poco más de 120 mil pesos. Sin embargo, por cómo se encuentra distribuida la riqueza en el país, está clasificado entre el 25 por ciento de los países con mayor desigualdad en el mundo, según la Standardized World Income Inequality Database.

Al pertenecer al grupo de países comprometidos con la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la desigualdad social se convierte en un tema de resolución urgente, sobre todo si se considera que el acceso a servicios básicos, la educación, la equidad de género y el empleo muestran niveles similares.

En el documento Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político, de Gerardo Esquivel Hernández, doctor en Economía por la Universidad de Harvard y profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, afirma que el problema de la desigualdad se ha exacerbado en las últimas tres décadas.

En el mismo documento, el autor afirma que la concentración de la riqueza en unos cuantos empresarios mexicanos la corroboran distintos informes y que incluso ha crecido con el paso de los años, mientras que en otras latitudes ha disminuido: “El Global Wealth Report 2014 –se lee en el documento– señala, por su parte, que el 10 % más rico de México concentra el 64.4 % de toda la riqueza del país. Otro reporte de Wealth Insight afirma que la riqueza de los millonarios mexicanos excede y por mucho a las fortunas de otros en el resto del mundo. La cantidad de millonarios en México creció en 32 % entre 2007 y 2012. En el resto del mundo y en ese mismo periodo, disminuyó un 0.3 %”.

Se indica que una de las causas principales de esta situación reside en la política fiscal mexicana. “Por gravar consumo por encima del ingreso, las familias pobres, al gastar un porcentaje más alto de su ingreso, terminan por pagar más que las ricas. La tasa marginal del ISR—una de las más bajas de los países de la OCDE—, el que no haya impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario, y el que tampoco los haya a herencias, entre otras cosas, son ejemplos de cómo el sistema tributario beneficia a los sectores más privilegiados”.

Además, explica que la distribución desbalanceada de la riqueza pone en juego la fortaleza del mercado interno, pues “ante la escasez de recursos, se recorta el capital humano y se pone en juego la productividad de los pequeños negocios”, los cuales, como se sabe, constituyen el principal motor de cualquier economía.

En fechas recientes, se aprobó el decreto por el cual el salario mínimo de los trabajadores remunerados en México se establece en 70 pesos con 10 centavos. De acuerdo con los estándares de la propia ONU, esto colocaría al empleado mexicano que percibe el salario mínimo por encima del nivel de pobreza extrema, el cual se establece en un ingreso de 20.50 pesos, aproximadamente, según la tasa de cambio actual.

No obstante, en el documento del doctor Esquivel se señala:

Si un mexicano percibe esta cantidad y mantiene a alguien, a ambos se les considera pobres extremos. La política salarial que en algún momento se concibió como mecanismo de contención inflacionaria, ya no tiene razón de ser. Hoy en día, el salario mínimo mexicano está por debajo de los umbrales aceptados de pobreza”

Esto significa que 53.3 millones de mexicanos viven en pobreza y, de ellos, 23 millones no pueden comprar la canasta básica aunque reciban el salario mínimo. Por si fuera poco, “la educación pública se imparte en escuelas que no cuentan con los servicios básicos de agua y electricidad, y donde el 80 % de los estudiantes no tiene acceso a Internet”.

Estas cifras plantean un reto para México, considerando que la desigualdad ha incrementado y los cambios en las políticas fiscales se mantienen prácticamente iguales.

En el documento de la ONU queda asentado: “Reiteramos que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y social y que revisten suma importancia las políticas y las estrategias de desarrollo nacionales. Respetaremos el margen normativo y el liderazgo de cada país para poner en práctica políticas de erradicación de la pobreza y promoción del desarrollo sostenible, pero siempre de manera compatible con las normas y compromisos internacionales pertinentes”. ¿Puede México poner en marcha las estrategias para cumplir los objetivos?

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