Políticas nacionales por un hábitat digno

En las principales ciudades del país se desarrollan en la actualidad cuantiosos proyectos de construcción, de los cuales, la mayoría está enfocada en los sectores comercial, industrial y de servicios, o en complejos mixtos. Por otro lado, la vivienda digna ha tenido una evolución que no garantiza el acceso a todos los sectores de la población, por lo que empresas y organizaciones se han sumado a programas para resolverlo.

Además de cuestiones éticas y morales, la vivienda digna debe considerar las de carácter operativo.

Eréndira Reyes

El proceso para el establecimiento de los derechos humanos en las sociedades aún carece de impulso, por lo que gran parte de la población permanece desinformada sin conocer a qué tiene acceso.

La variedad cultural en el mundo, de cierta manera, ha provocado que tanto su difusión como su homogeneización no resulten efectivas; sin embargo, esto no es pretexto para no trabajar en una legislación adecuada.

En este sentido, el derecho universal a una vivienda digna y adecuada fue recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1; y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, por sus siglas en inglés).

Aunque éste no es documento obligatorio para los estados; sirvió como base para la creación de dos convenciones internacionales lideradas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el PIDESC y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), los cuales fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.

Ahora bien, a nivel mundial, la vivienda se asume desde la segunda mitad del siglo como una necesidad ineludible de atención por parte de los gobiernos federales y locales de cada región, pues el bienestar de la sociedad es el objetivo que se debe alcanzar con iniciativas de este tipo.

La valoración que tiene en México va desde su costo económico hasta su concepción de mercancía e involucra a distintos sectores de la población que de forma activa participan en su evolución e innovación. Arquitectos, ingenieros, instaladores, proveedores de servicios, etcétera, participan en cada proyecto nuevo por realizar, ya sea en la ciudad o en comunidades rurales.

Pero también se sabe que el problema habitacional en el país es latente y el acceso a la denominada vivienda digna aún no alcanza su proyección al ciento por ciento. La problemática de la vivienda, entonces, no sólo debe ocupar a los profesionales directos del sector, sino que debe alcanzar a más áreas especializadas que puedan aportar su visón económica, social y antropológica, y convertir el estudio de este tema en un proyecto multidisciplinario que logre impactar positivamente.

Además, los estudios deben enfocarse en cada región específica, ya que no es el mismo problema el que vive la Ciudad de México al que viven las zonas rurales damnificadas por algún evento meteorológico.

Por otro lado, la definición del término vivienda ha sido ampliamente debatida tanto en los círculos académicos como entre los encargados de implementar las políticas públicas. Su concepción parte de un cuestionamiento sencillo que pasa a términos de implicaciones éticas y morales acerca de lo que se debe considerar “vivienda digna” hasta desembocar en aquellas de carácter operativo, que se refieren a cómo registrar el inmueble llamado vivienda. Dentro de esta gama de ideas se encuentran diversos puntos intermedios sobre los aspectos funcionales que debe cubrir la casa-habitación.

Su historia en el país puede remontarse hasta la Constitución de 1917, en la que se estableció como obligación proporcionar viviendas cómodas e higiénicas a los trabajadores de las diversas industrias que hasta el momento existían en el país.

Para 1943, la política nacional empezó la construcción de una infraestructura de seguridad social para atender las necesidades de la población, por lo que creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que además se brindó un programa para acceder a créditos financieros.

A0MH0076159Posteriormente, se crearon el Banco de México y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi), organismos que promovieron la construcción de viviendas de interés social. En febrero de 1972 se reformó el artículo 123 de la Constitución y, por lo tanto, se estableció que a través del Fondo Nacional de Vivienda, los trabajadores del estado podían tener acceso a solicitar un crédito que les permitiera acceder a la compra de una casa, lo que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Paralelamente, ese mismo año se creó el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), dedicado a otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que se rigen por el apartado B de la Ley Federal del Trabajo.

Hasta la década de los ochenta, el eje de la política de vivienda sólo competía al Estado, tanto en el ámbito de la construcción como en el financiamiento, así como en la aplicación de subsidios indirectos con tasas de interés establecidas para la primera mitad de la década 1990, cuando inició la consolidación de los organismos nacionales de vivienda como entes eminentemente financieros.

Con las nuevas reformas aplicadas en el Fovissste, se tuvo que establecer una alternativa a nivel federal que pudiera mantener una política adecuada aplicable en este sector, por lo que el surgimiento de la Política Nacional de Vivienda es un esfuerzo por cumplir en este sentido.

Dicho modelo se enfoca en promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector y tiene como principal objetivo mejorar la vivienda rural por medio de cuatro estrategias:

  1. Lograr una mayor coordinación institucional, a través de la alineación de programas y acciones en materia de tierra, financiamiento y vivienda, por lo que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) serán coordinados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
  2. Crear una estrategia de desarrollo urbano sustentable e inteligente para así evitar que la ciudad siga creciendo de forma desordenada y sin planeación integral, por lo que el financiamiento público contribuirá a elevar la calidad de vida dentro de las ciudades al promover el rescate de espacios urbanos y la redensificación, así como la construcción de viviendas verticales y desarrollos certificados
  3. Se plantea evitar el rezago de vivienda a través de un millón de acciones de lotificación, construcción y ampliación que impulsará el Gobierno Federal, tanto en viviendas de ciudad como de campo
  4. Se procurará una vivienda digna para todos los mexicanos, en donde se garanticen los servicios básicos y la seguridad de los que la habitan

Para dar solución a este tipo de problemas han surgido varios programas y organizaciones que tienen como objetivo principal brindar una vivienda adecuada a todos los sectores de la población, asegurando así un derecho al que todos deben tener acceso.

En este sentido, Hábitat para la Humanidad México, A.C., trabaja para brindar apoyo a familias de escasos recursos económicos, a través de capacitación social y técnica, y con créditos sin fines de lucro para apoyar la compra de materiales de construcción para la edificación de casas. Todo esto se basa en la Producción Social de Vivienda, sistema que permite a las familias obtener una vivienda a través del pago de mensualidades que se ajustan a sus posibilidades económicas.

Sus líneas de acción se centran en buscar la manera de ofrecer acceso a una vivienda adecuada, mediante la recaudación de recursos, el otorgamiento de créditos para materiales de construcción y la incidencia en el desarrollo de políticas públicas.

Además, busca desarrollar capacidades en las personas y comunidades que permitan un crecimiento en este sentido.

Igualmente, el organismo impulsa el trabajo en equipo para que las comunidades mejoren su calidad de vida.

El trabajo que realiza la organización se complementa gracias a la ayuda de empresas e instituciones que otorgan apoyos económicos para el desarrollo de los proyectos de vivienda digna y otros esquemas desarrollados por Hábitat.

El problema de la desigualdad social que enfrenta México tiene una de sus más grandes manifestaciones en el rezago habitacional. A este déficit se suman otros problemas, como la proliferación de asentamientos humanos irregulares, el deterioro del medioambiente y el crecimiento anárquico de los centros urbanos, entre otros. Esto ha provocado que los grupos sociales más marginados sean los que mayor afectación enfrentan, lo que ha provocado que una gran cantidad de habitantes viva en condiciones poco favorables.

Por esta razón, instituciones académicas y organismos de gobierno, así como asociaciones y organismos, han trabajado en una relación más estrecha para contrarrestar y dar soluciones a esta problemática.

Al mismo tiempo, muchas empresas del sector privado están ayudando en el impulso de nuevas políticas de construcción, por lo que la industria en general debe buscar alternativas que mejoren la calidad de vida de todos los sectores de la sociedad.
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